Gürtel, Nóos, Malaya, Pujol, Granados o el pequeño Nicolás: los grandes chivatazos

Las detenciones de Francisco Granados en la Operación Púnica y la del pequeño Nicolás en las que, previamente, ambos fueron avisados por miembros de la seguridad del Estado de que iban a ser arrestados, ponen de actualidad los grandes chivatazos y filtraciones de la reciente historia de España.

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El exconsejero de la Comunidad de Madrid fue alertado de la operación anticorrupción por un guardia civil del Grupo de Delitos contra la Administración, quien, tras ser descubierto, ha sido acusado de un delito de revelación de secretos. El agente detenido en plena Operación Púnica formaba parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero informaba a Francisco Granados, el personaje más importante de la redada policial, por medio de un amigo común.

El pequeño Nicolás, después de ser detenido por los agentes de Asuntos Internos de la Policía, también declaró en el Juzgado de que estaba al tanto de que iba a ser atrapado por un chivatazo.

La aparición de graves chivatazos en multitud de operaciones policiales demuestra que las filtraciones no sólo sirven para deleitar la lectura en las novelas negras sino que son ya todo un género en las más importantes investigaciones sobre la corrupción en España. Marbella, Gürtel, Nécora, familia Pujol, Roca, Bardellino, el Negro, Llorca, Astapa, Malaya, Filesa, Ciempozuelos, Chinos, Rusos, Gescartera, Forum Filatélico, Nóos... son algunos de los casos en los que los chivatazos han puesto en peligro las pesquisas contra las organizaciones mafiosas o las detenciones de los capos y cerebros de las tramas criminales. La experiencia ha demostrado que los chivatos no siempre se han dejado arrastrar por el dinero, sino que la mayoría de las delaciones se han producido por otro tipo de vínculos. Y esas relaciones tan complejas han dificultado el esclarecimiento de muchos de los chivatazos.

Aunque los dos más importantes chivatazos están relacionados con operaciones de terrorismo –el asesinato de Carrero Blanco y el caso Faisán– el soplo se prodiga más en las redadas contra los delitos económicos. El 20 de diciembre de 1973, ETA logró asesinar en la calle Claudio Coello de Madrid a Carrero, presidente del Gobierno de Franco, gracias a una información facilitada a los terroristas por un funcionario del régimen. Este facilitó al etarra Argala, en el hotel Mindanao, una nota con las costumbres diarias del almirante.

Y, tres décadas después, en junio de 2006, un alto cargo de la policía, siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior, frustró una operación antiterrorista tras avisar al dueño del bar Faisán de Irún de la puesta en marcha de una macrorredada contra el aparato financiero de ETA. Contra los intermediarios y activistas que se dedicaban a gestionar y cobrar el erróneamente conocido como impuesto revolucionario.

Gil, Roca y la gota Malaya

La Operación Púnica no era la primera que ponía al descubierto las estrechas relaciones de Francisco Granados con agentes de la Guardia Civil que le mantenían informado de las interioridades de casos de corrupción como el de Ciempozuelos u otros que afectaban al Ayuntamiento de Valdemoro. Su actual alcalde, detenido en la Operación Púnica, es hijo del oficial de la Guardia Civil Manuel Boza, que fue acusado de zarandear al teniente general Gutiérrez Mellado durante el golpe de Estado del 23-F. Granados, desde su cargo de consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, favoreció a algunos de sus agentes confidentes.

Otro alcalde que se benefició de más de un chivatazo fue el regidor de Marbella, Jesús Gil y Gil. Y todas esas filtraciones fueron sufridas por el magistrado Santiago Torres, el titular del juzgado de Instrucción número 7 de la capital de la Costa del Sol, el primero que se atrevió a investigar al expresidente del Atlético de Madrid. Uno de los chivatazos, en octubre de 2008, alertó a Gil de un registro en las dependencias municipales. Sus colaboradores tuvieron tiempo de sobra para destruir pruebas y para, de madrugada, sacar en cajas los documentos más comprometedores. Una furgoneta alejó los archivos que buscaba el magistrado en el conocido como caso de las camisetas, por el desvío de 2,5 millones de euros de las arcas del ayuntamiento a las del Atlético de Madrid.

Las siglas JAG

Juan Antonio Roca, el asesor del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, el hombre con más poder en la ciudad tras Jesús Gil, disponía de una red de policías que le informaban de todos los movimientos policiales que se preparaban contra él u otros corruptos de la Costa del Sol. El responsable de Planeamiento además disponía de un sistema especial de secrafonía para la encriptación de sus conversaciones telefónicas. Roca recibía información puntual sobre sus seguimientos de dos colaboradores de los servicios secretos, del inspector Tomás R. y del agente Iñaki. No en balde, Roca mantenía línea directa con la Dirección General de la Policía y con agentes del CNI, desde la época del CESID, antes de que los servicios secretos fueran depurados tras la llegada de José María Aznar a la Moncloa. Por todo ello, cuando fue detenido en 2006, en medio de la Operación Malaya, los policías hallaron en su poder un cuaderno donde figuraban anotadas cantidades de dinero junto a las siglas JAG. Los investigadores sospecharon de un alto cargo de la Policía, pero las diligencias fueron archivadas.

Gao Ping

Ese tipo de colaboración de funcionarios de la Seguridad del Estado también era una prebenda de la que disfrutaba la red de blanqueo de Gao Ping y de otros comerciantes chinos detenidos en la Operación Emperador, quienes recibían puntual información de las pesquisas policiales. La investigación sobre esa trama se sigue en la Audiencia Nacional.

En una conversación grabada entre el comerciante chino Yongping, conocido como Miguel el Calvo, y la agente del CNI María, se podía apreciar cómo ambos intercambiaban información –cambiaban cromos, como se conoce en el argot policial– sobre aspectos muy reservados que afectaban a investigaciones judiciales.

Los chivatazos contra Garzón

Cuando Garzón llegó a la Audiencia Nacional, antes de iniciar su cruzada contra los GAL, reunió en su despacho a los policías adscritos al Juzgado Central de Instrucción número 5 y les espetó: "Ustedes dependen de mí, no de sus superiores policiales. Por tanto, les pido que todos los temas secretos que se tramiten en este juzgado no salgan de estas cuatro paredes ni aunque se los demande el ministro del Interior. Están avisados y cualquier incumplimiento será castigado sin paliativos".

La arenga funcionó para los agentes que investigaron la guerra sucia de los GAL, que cumplieron la orden y efectuaron un excelente trabajo, pero no caló en los cuadros intermedios de la Policía en las pesquisas sobre el narcotráfico o delitos económicos. Y por esa espita se produjo uno de los chivatazos más sonoros de comienzo de los años noventa. Sucedió en julio de 1990, en medio de la Operación Nécora, dirigida por Garzón contra el narcotráfico gallego a partir de las confesiones del arrepentido Ricardo Portabales. Entre los detenidos figuraba un personaje del papel couché, Carlos Goyanes, el esposo de Cari Lapique, que tenía intervenido el teléfono de su domicilio.

Tras la redada, el periodista José María García –amigo de la familia– hizo uso de él para contactar con el abogado José María Stampa Braun. Durante el transcurso de la conversación, le reconoció que el entonces director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado –también amigo del clan Goyanes– le había avisado antes de la redada de la detención del amigo común. Garzón se quejó de aquel chivatazo porque la operación se llevaba de manera supersecreta y la Audiencia Nacional se vio obligada a abrir una investigación que, finalmente, fue archivada.

Y esa no fue la única vez en la que el juzgado del exjuez estrella funcionó como un queso gruyère. Los chivatazos y filtraciones se repitieron en asuntos tan sensibles como Al Kassar, Yomagate, Marey o Mafia italiana.

Otro de los sumarios agujereados de Garzón, que supuso su caída como magistrado, fue el caso Gürtel. Las investigaciones, desde que se incoó la causa a mediados de 2008, se llevaron en la más estricta confidencialidad, pero Francisco Correa, el cerebro de la trama, logró enterarse por un soplo que iban tras él y puso pies en polvorosa.

Desapareció de España entre julio y diciembre de aquel año hasta que regresó a Madrid desde Suramérica y fue detenido en febrero de 2009. Y regresó porque un falso juez, que se hacía pasar como amigo de Garzón y que el empresario tenía en nómina, le tranquilizó asegurándole que no había nada contra él. Al final, la información del falso juez, que más tarde se suicidó, sirvió de contrachivatazo, sin que nadie de la investigación lo previera.

Nóos y Casa Real


Foto de archivo de Iñaki Urdangarin.Foto de archivo de Iñaki Urdangarin.
La investigación del caso Nóos, que afecta directamente a miembros de la Casa Real, también fue protagonista de un sonoro chivatazo, como ya informó El Confidencial. El 7 de noviembre de 2011, la Fiscalía General del Estado alertó con cinco horas de antelación a la Zarzuela de que los agentes policiales iban a registrar la sede de Nóos y otras sociedades satélites de la trama. Aquella información sirvió para que la Casa Real modificara la agenda del Monarca en una visita que Don Juan Carlos tenía prevista realizar al Salón Náutico Internacional de Barcelona. Muy probablemente, aquella información también pudo servir para que Urdangarin y su socio Torres variaran sus respectivas agendas del día.
Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente catalán pero quizás el más espabilado, también fue avisado de que los agentes de la UDEF iban a registrar sus domicilios societarios y familiares hasta el punto de que sus abogados estaban esperando a los policías.

 

Fórum Filatélico y la Policía venezolana

Uno de los chivatazos que más ha dolido a la Policía fue el del estafador José Manuel Llorca Rodríguez, el cerebro de Fórum Filatélico y relacionado con el caso Malaya marbellí, uno de los delincuentes más buscados internacionalmente por Interpol. Llorca, que sigue bajo orden de busca y captura, fue localizado en Caracas en 2008 después de unas intensas pesquisas. Pero el fugitivo se benefició de un chivatazo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminales (CICPC) de Venezuela para darse a la fuga.

Los agentes policiales españoles que se desplazaron a la capital venezolana para esposar al fugitivo y repatriarlo a España tuvieron que soportar tal iniquidad. Y lo más humillante: sus propios colegas policiales venezolanos fueron quienes los tuvieron cinco días mareando la perdiz mientras organizaban la huida del estafador. ¿El precio?, dos millones de dólares.

Pero no sólo los casos de corrupción son los más beneficiados por los chivatazos policiales o judiciales. Hay un sector que, tradicionalmente, ha dispuesto de información de primer nivel para eludir las redadas y la presión policial. Se trata del mundo de la prostitución y del contrabando. Los capos de estos negocios mantienen en nómina a un buen número de guardias civiles, mossos y policías nacionales y municipales, como se ha podido verificar en numerosas ocasiones. Desde la publicación del informe Navajas, elaborado en 1989 por el fiscal de San Sebastián Luis Navajas –hoy día flamante teniente fiscal del Tribunal Supremo– supimos que los contrabandistas y los propietarios de locales de alterne disfrutaban de un denominador común: los chivatos de las fuerzas de seguridad. Entonces, un nutrido grupo de agentes del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, en San Sebastián, fueron investigados por colaborar con esas tramas y por alertarles de las operaciones policiales.

Los corruptos suelen recibir como pago dinero o favores sexuales. Esa fue la moneda de cambio con un guardia civil que dio el chivatazo sobre una redada policial al dueño de un local de alterne de Lugo. Y el mismo trueque prevalecía en la trama delictiva de Coslada, en Madrid, o en la operación contra una importante red de puticlubs en Cataluña.

A Julián Sancristóbal, el que fuera director de la Seguridad del Estado y subsecretario de Interior, sus amigos más íntimos lo conocían por el sobrenombre de Piculín. Y el apodo nada tenía que ver con la marca de colchones sino porque el político socialista tenía un pico de oro. Una facilidad de palabra similar a la de los chivatos de la corrupción. La mayoría de las grandes filtraciones ha quedado impune: Marbella, Gürtel, Gescartera, Urdangarin, Bardellino, Faisán, Malaya....

El delito por revelación de secretos, que como el cohecho resulta difícil demostrar, contempla una pena de cárcel de uno a cuatro años. Según algunos juristas, esa tipificación no está acorde al daño que causan los chivatos en las operaciones judiciales o policiales, muchas de ellas producto de largas y costosas investigaciones. ¿Cómo calcular el precio de las fugas del jefe de la Camorra napolitana Tonino Bardellino, del narcotraficante colombiano Carlos Ruiz Santamaría el Negro y de los etarras del Faisán, entre otros, motivadas por célebres chivatazos?

 

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