Interior pone el negocio de los detectives en la bandeja de las grandes empresas de seguridad

El anteproyecto de Ley de Seguridad Privada anunciado por el Gobierno dibuja una revolución en un sector que en 2011 facturó 3.600 millones de euros y contaba con más de 1.500 empresas en activo.

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Las mayores beneficiadas por el borrador de la ley son las grandes compañías de seguridad, que con la redacción actual podrán desarrollar labores de investigación reservadas actualmente en exclusiva a los detectives privados, un negocio atomizado en pequeños despachos de investigación repartidos por toda la geografía nacional.

El anteproyecto fue presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 12 de abril, pero aún tiene por delante todo el trámite parlamentario, en el que puede sufrir aportaciones de los partidos de la oposición. El responsable de la cartera de Interior ya había anunciado que el sector sería sometido a un exhaustivo cambio de regulación para evitar que pueda repetirse el reciente escándalo de Método 3, la agencia de detectives de Barcelona que presuntamente habría acumulado en sus archivos más de 20.000 dosieres con información de cargos políticos y personalidades recurriendo a prácticas irregulares y con la intención de comerciar con los datos de forma opaca. Sobre todos los artículos del anteproyecto gravita este caso.

Pero el Ministerio del Interior también ha aprovechado la norma, al menos en su redacción preliminar, para habilitar a las grandes empresas de seguridad privada a realizar investigaciones y contar con sus propios equipos de detectives, unas facultades que les veta la norma en vigor de 1992 por considerarlas incompatibles con su actividad de vigilancia. De hecho, la ley actual sólo concede la potestad de realizar investigaciones privadas a los detectives titulados. El anteproyecto que Interior ha remitido al Congreso altera este equilibrio, acabando con ese veto en el artículo 5.2.

Satisfacción entre las grandes compañías del sector

La patronal del sector ha acogido con satisfacción esta reforma que, de salir adelante, le permitirá ampliar su oferta de servicios y aumentar su cifra de negocio. Para la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) la reforma responde a la necesidad de “complementar” las funciones que ya desarrollan las empresas a las que representa y contribuirá a reducir el “instrusismo” en el sector. Además, asegura que permitirá generar empleo en un mercado que, según su propia información, emplea ya a más de 100.000 profesionales de la seguridad.

Los colegios oficiales de detectives también hablan de empleo, pero del que ellos perderán. Eloy de Paco, presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana, que teme la caída en picado del negocio de los investigadores privados -alrededor de 1.500 tienen licencia para ejercer en España- recuerda que para poder ejercer esta profesión es necesario disponer de una titulación que se consigue tras cuatro años de estudios. “La empresas de seguridad no están preparadas para desarrollar esta función, y eso es muy peligroso”, advierte De Paco. En su opinión, además, el anteproyecto concede un poder sin límites a las empresas de seguridad. “Creemos que el legislador no se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Las grandes compañías de vigilancia tienen cámaras, alarmas, decenas de empleados y amplias bases de datos. Concederles también la posibilidad de hacer sus propias investigaciones es crear un Gran Hermano. La ley de 1992 se lo prohibía por algo”, remacha el presidente del Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana.

De lo que tiene duda es de que el articulado actual del anteproyecto es fruto de las presiones que las grandes firmas representadas por Aproser han ejercido sobre el Gobierno. La patronal lo niega, aunque un comunicado emitido por la propia asociación admite que el Ministerio del Interior ha atendido su petición de aumentar “las grandes potencialidades del sector” de la seguridad, al concederle también la posibilidad de realizar investigaciones privadas. Aproser ha rechazado aclarar a petición de este diario esta contradicción y profundizar en su versión de las modificaciones que introduce la propuesta de reforma.

Los detectives ya han anunciado que presentarán alegaciones al anteproyecto y que tratarán de reunirse con el equipo de Fernández Díaz para trasladarle su oposición al espíritu del borrador. Los investigadores privados no sólo se quejan de la entrada de las compañías de seguridad en su mercado, sino también de los controles a los que serán sometidos si no sufre modificaciones el texto presentado en el Consejo de Ministros.

Un nuevo sistema de control que anulará a los detectives

Entre otras medidas, la norma contempla un severo sistema de control y fiscalización de la actividad de los despachos de vigilancia que abarcará todas las fases de su trabajo. Decreta la obligatoriedad de que todos los encargos que reciban los detectives queden “reflejados por escrito en un libro-registro” que deberá ser custodiado por las propias agencias. Además, cada trabajo de investigación deberá contar con el preceptivo informe detallado, en el que deberá constará la identidad del “cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos”. Este documento-resumen “deberá estar siempre a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Autoridad Judicial”, así como todo el material conseguido por los detectives, que no podrán resistirse a la petición de ayuda de las fuerzas del orden.

El objetivo de la propuesta de Interior es evitar que, como en el caso Método 3, las agencias de detectives puedan obtener información sensible de forma descontrolada con fines dudodos. Pero, en resumen, tal y como está redactada, la norma anula por completo la confidencialidad con la que tradicionalmente han trabajado los detectives privados. Los profesionales del sector aseguran que supondrá el fin de su actividad porque pone en riesgo “el secreto profesional”. “No entendemos este cambio”, afirma el presidente del Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana. “El 90% de los encargos que tenemos son de carácter privado, sólo afectan a familias. La ley no nos puede pedir que pongamos a disposición de la Policía datos íntimos y personales, porque no atentan contra la seguridad nacional. Para nosotros, eso sería defraudar al cliente. Sus datos no pueden estar en un fichero al que tengan acceso terceras personas”, defiende De Paco. Los detectives trasladarán esta y el resto de quejas al Ministerio del Interior.

Fuente: elconfidencial.com

 

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