Edificios estratégicos tienen una seguridad deficiente, advierten los sindicatos

Denuncian los recortes en la seguridad privada, la aparición de «empresas piratas» y la adjudicación a éstas de contratos públicos «por debajo del convenio»

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El sector de la seguridad privada de La Rioja dijo ayer basta: los sindicatos UGT y CC OO denunciaron la situación de crisis particular que padece el sector, donde aproximadamente cuatro de cada diez trabajadores en la comunidad conviven con atrasos e impagos de salarios, y todos padecen «renegociaciones a la baja e incumplimientos del convenio estatal del sector», denunciaron los responsables del ámbito en ambos sindicatos, José Ignacio Cortabitarte y José Antonio Torres, respectivamente.

Unas 500 personas tienen empleo en La Rioja dentro del sector de la seguridad privada, que según ambos representantes sindicales padece los recortes derivados de la crisis, y también sus propios problemas. Uno de los grandes problemas y reproches, de hecho, es a las propias administraciones riojanas, a las que acusan de adjudicar contratos por debajo de convenio y pagar con demoras excesivas, una circunstancia que ha permitido la entrada de «empresas pirata» en el sector. «El único criterio es el económico y estamos viendo casos como adjudicaciones del Gobierno de La Rioja con salarios de 14 euros la hora, cuando el convenio fija que deben ser como mínimo 16», ilustró Cortabitarte, quien además dio nombres: La Fombera, y centros educativos como La Laboral o Marqués de Vallejo.

UGT y CC OO cifran en el 20% la pérdida de poder adquisitivo dentro del sector en los últimos años, como resultado de las diferentes «renegociaciones a la baja del convenio estatal que las patronales constantemente realizan, y supresión de los complementos o las pagas de beneficios; un chantaje que hacen amparadas en la reforma laboral», y que incluyen también los incrementos del horario de trabajo. Sin embargo, peor aún es el hecho de que muchos trabajadores «no están cobrando sus nóminas».

Sin cobertura

En este sentido, Torres citó los casos de empresas como Socosevi o Grupo Mudéjar «que deben ya varios meses de sueldo a sus trabajadores», lo cual ha llevado a varios actos de protesta, y la exigencia de que «el Gobierno regional deje de darles cobertura y adjudicarles nuevos contratos». Ambos sindicatos lamentan también que «hay consejerías que pagan a 30 ó 60 días pero hay otras que tardan más de 300 días, y eso sobre todo para las empresas más pequeñas es imposible de asumir».

Cortabitarte y Torres admitieron haber tenido ya contactos con representantes del Gobierno regional (concretamente, en el problema de los impagos a los vigilantes en La Fombera) y «predisposición a buscar soluciones». Según sus cálculos, las administraciones públicas copan aproximadamente el 30% del trabajo de seguridad privada que hay en La Rioja, quedando el resto para el ámbito de la empresa privada, «que también recortan, pero velan más por la calidad». Para acabar, los dos sindicatos advierten de que los recortes en seguridad han hecho que a día de hoy «haya algunos edificios estratégicos que no están como deberían en materia de seguridad». Citan casos de actividades y emplazamientos que han pasado de tener a una docena de personas empleadas en seguridad, a apenas dos o tres.

Fuente: elcorreo.com

 

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