Detectives a los dos lados de la ley

El caso del espionaje en Cataluña ha despertado el interés por las labores de una profesión que trabaja a veces 'al otro lado' y en casos que van más allá de las infidelidades y fraudes.

detectives privados

Si se despoja de toda la mitología que la envuelve, la profesión de detective es un trabajo normal regulado por la Ley 23/1992 de Seguridad Privada. Sin embargo, es prácticamente imposible hablar de la profesión de detective privado sin caer en todos los tópicos que se le presuponen. El caso de la agencia Método 3 -compuesta en parte por algunos ex policías- y el espionaje político en Cataluña ha vuelto a poner en tela de juicio un ejercicio profesional que a veces se desarrolla cruzando de un lado a otro de la línea de la legalidad.

La última noticia aparecida sobre la agencia catalana es que está siendo investigada porque obtuvo del segundo gobierno tripartito de la Generalitat ayudas a la innovación por un valor total de 37.792 euros. Todo ha saltado a la luz por el supuesto encargo del PSC de las escuchas de un almuerzo entre María Victoria Álvarez, ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, y la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, celebrado en julio de 2010 en un céntrico restaurante de Barcelona.

Por lo pronto, lo único que han reconocido los socialistas catalanes es que las empresas de seguridad vinculadas a Método 3 que contrató siempre se limitaron en realizar tareas ordinarias en su sede de la calle de Nicaragua de Barcelona. En concreto, dos sociedades realizaron cuatro trabajos entre 2009 y 2011 por 72.438 euros. Es de suponer que este tipo de casos no se circunscriben a las aguas revueltas del soberanismo catalán. En la actualidad hay 1.800 detectives privados en España.

J. S. Molina, el pseudónimo que prefiere utilizar, normalmente reside en Granada y ha ejercido este trabajo de forma intermitente en las tres últimas décadas. Llegó a ejercer la profesión colaborando en varias agencias, por su formación de electrónica, lo que le permite mejorar los artilugios electrónicos que utiliza para sus investigaciones. "Yo no trabajo con chatarra electrónica", puntualiza el investigador, que empezó a vincularse a este mundo en el 84. Él recuerda que en la política española las investigaciones paralelas y las prácticas ilegales han sido una constante que se ha repetido con casos tan famosos como el de los fondos reservados.

J. S. Molina reconoce que en el caso de las escuchas, hay de dos tipos: "Las tipo A y las tipo B". O lo que es lo mismo, las legales, encargadas por orden judicial en la mayoría de los casos -y ejercidas por funcionarios públicos- y las aportadas por los detectives dentro del marco de la ley, y las ilegales, que haberlas hay las, aunque luego no puedan utilizarse como prueba. Pero la información es poder.

Por ejemplo, el caso de Cataluña puede ser legal o no según los matices. Se puede grabar en espacios públicos, nunca en la casa de la persona que se va a investigar. Pero, en este caso, sólo sería legal si una de las personas que almorzaron en el restaurante La Camarga hubiera sido quien grababa.

Sin embargo, el investigador granadino explica que eso depende mucho de la 'potestad' de cada juez y la importancia del caso, en el que pueden exigir el consentimiento expreso de las dos partes y, según las circunstancias, admitir o no la prueba.

Aparatos para grabar hay muchísimos y muy sofisticados. De lo analógico hace mucho tiempo que se pasó a lo digital y eso ha perfeccionado las tareas de espionaje, pero Molina advierte que "todos los trabajos tienen un componente técnico y otro humano, con su guión claro está". "Son muchos años y uno tiene que saber dónde colocarlos y que puede haber imprevistos", explica Molina, quien aclara que hay que llevar varios micrófonos porque, por ejemplo, pueden no sentarse en la mesa prevista. "Entonces y en caso extremo se disimula haciendo como que se cae algo al suelo al lado de la mesa y se coloca otro rápidamente, si es posible. Y si no, se intenta desde otra mesa con un micrófono direccional de tubo", comenta sobre su método de trabajo. Un sistema que requiere un estudio previo, saber usar los equipos, tener sangre fría, ser un poco actor y ser rápido, pues sólo en el cine se puede repetir la escena.

En cuanto a artilugios en audio y en vídeo para espiar, hay mucha chatarra electrónica que está en el mercado al alcance de cualquiera y a precios baratos, existen también micrófonos y grabadoras muy pequeños pero hay que tener en cuenta que los dos aspectos claves son la autonomía o batería de que disponen y la memoria en la que almacenar las conversaciones o imágenes. "A veces hay personas que me llegan y que han intentado primero ellas comprando aparatos pero no ha funcionado o no han sabido adaptarlos y usarlos. Entonces es cuando recurren a un detective o a una persona experta o técnico como yo", dice Molina, que cuenta con varios colaboradores habituales para que le ayuden en las tareas de sus investigaciones, además de fuentes para obtener la información necesaria.

Con independencia de que los procedimientos técnicos sean más o menos complicados, costosos y, de que la suerte sonría y la investigación sea más o menos rápida -una variable que el investigador reconoce que resulta fundamental-, la clave para el interés público es quienes son los clientes.

Uno puede pensar que los casos más habituales son cuestiones relativas a divorcios o infidelidades y situaciones laborales donde suelen destacar las bajas fraudulentas, pero no, hay más. El investigador explica que le solicitan sus servicios en Granada, pero más fuera de esta y son bufetes de abogados, empresas y pocos particulares. Su función es proveerles de la información requerida y más. Luego ellos determinan el posible uso de esta dentro de la legalidad o para otros fines privados, que no son de índole judicial.

Fuente: granadahoy.com

 

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