El PSOE tacha de 'oportunidad de negocio' la recién aprobada Ley de Seguridad Privada

Finalmente los vigilantes privados no podrán patrullar por las zonas comerciales.

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El Congreso ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de los vigilantes y les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial". Para su entrada en vigor, ya sólo resta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto ha sido aprobado definitivamente con las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado, que han contado con el apoyo de PP, CiU y, parcialmente, PNV. El resto de grupos parlamentarios rechazan de plano la nueva legislación, que consideran que "privatiza la seguridad en detrimento de las Fuerzas de Seguridad del Estado".

Los aspectos más polémicos de esta nueva Ley de Seguridad Privada son los referidos a las competencias que otorga a los agentes de seguridad privada en su artículo 41. Tras los acuerdos alcanzados por PP y CiU en el Senado, finalmente los vigilantes no podrán patrullar por las zonas comerciales.

Sin embargo, sí se mantienen el resto de funciones que figuraban en el redactado original, de manera que los agentes de seguridad privada podrán hacerse cargo del control del perímetro exterior de las cárceles y los centros de extranjeros.

También, con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.

Podrán detener y anotar datos personales

Otro de los puntos de la Ley que ha provocado más debate durante su tramitación parlamentaria es el relativo a la potestad de los vigilantes para detener a ciudadanos que hayan cometido un delito. Tanto el Ministerio del Interior como el PP han defendido que las competencias de los vigilantes de seguridad privada para detener son las mismas con las que cuenta cualquier otro ciudadano desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, según la cual, cualquier ciudadano puede detener a otro si le descubre cometiendo un delito, si se ha fugado de prisión o si se encuentra huido de la Justicia.

El texto final aprobado este jueves por el Congreso mantiene la potestad de los agentes de seguridad privada para practicar detenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no les permite averiguar o comprobar estos datos, como figuraba en el texto inicial y que fue modificado durante su tramitación en el Senado.

Pero las modificaciones no satisfacen ni al PSOE, Izquierda Plural, UPyD ni a PNV, que coinciden en que la ley pretende consolidar la seguridad privada en detrimento de la pública y abrir nuevos negocios a este sector en un asunto, la seguridad, que debe únicamente corresponder a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Muy crítico se ha mostrado el portavoz de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, para quien la supuesta modificación del polémico artículo 41 ha sido simplemente un "ejercicio de trilerismo gramatical" que no ha supuesto que los "campos de negocio sean cercenados ni limitados", pese a lo que se quiere hacer ver desde el PP.

PSOE: 'Una oportunidad de negocio'

En este sentido, para el diputado socialista Antonio Trevín el hecho de que el texto finalmente incluya la autorización para que los vigilantes presten determinados servicios, como la seguridad en el perímetro de las fronteras o su presencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), no significa nada porque esos permisos "se darán como churros".

"Necesitábamos una ley, pero no ésta", ha destacado Trevín, para quien el objetivo de la norma es aumentar "considerablemente" las oportunidades de negocio de las empresas privadas y "que el quiera seguridad se la pague".

Tampoco el PNV y CiU se han mostrado satisfechos con el texto, salvo en el punto que reconoce a País Vasco y Cataluña las competencias sobre el control o inspección de las empresas de seguridad y los despachos de detectives que operen en sus territorios.

"Tenemos nuestras reservas severas sobre la configuración de este proyecto que nos acerca peligrosamente a un estado policial", ha advertido el diputado nacionalista vasco Emilio Olabarria, que considera "muy perversa" la "interacción" de la norma hoy aprobada con la futura Ley de Seguridad Ciudadana.

Mientras, el portavoz de CiU Jordi Janè, ha vaticinado que la ley supondrá una "alteración del equilibrio" entre seguridad privada y pública, frente a la preeminencia que siempre debe existir de la segunda con respecto a la primera. En este sentido, se ha mostrado satisfecho que después de las negociaciones con el PP la vigilancia privada en los alrededores de recintos abiertos requerirá de "autorización previa" de los responsables públicos.

Desde UPyD, su portavoz Toni Cantó ha dejado clara su oposición al texto que supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas.

Frente a las críticas, el diputado del PP Conrado Escobar ha defendido que la norma no solo era necesaria, sino que además regulará el sector de forma más específica y siempre bajo los principios de "complementariedad" y "subsidiaridad" a la seguridad pública.

Fuente: elmundo.es

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