Más de 2.000 vigilantes privados de Aragón ganarán autoridad ante el descontento de Policía y Guardia Civil

Los sindicatos policiales y del Instituto Armado se oponen en bloque a la nueva ley de Seguridad Privada, que tachan de "privatizadora" e "intrusiva".

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El pasado martes el Congreso aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial. La más importante y la que ha generado mayor revuelo es que los vigilantes privados de seguridad podrán identificar según su propio criterio y llevar a cabo detenciones en la vía pública.

Según los datos que maneja la Delegación de Gobierno, en Aragón hay algo más de 2.000 vigilantes de seguridad que desempeñan su trabajo en una veintena de empresas afincadas en la Comunidad. Para ello deben obtener una habilitación expedida por el Ministerio del Interior después de superar un proceso selectivo, donde se incluyen una serie de pruebas psíquicas y físicas. Sus futuras funciones no han sentado nada bien entre los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que tachan de privatizadora la medida del ministro Jorge Fernández.

"La ley perjudica al ciudadano"

En ese sentido, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Aragón se muestra un fuerte malestar por el hecho de que "a la vez que se potencia este sector privado se siga ofertando un número tan bajo de plazas en las academias de policía -100 al año por las 5.000 de antes-". Esto, explica Gonzalo de Miguel, secretario de organización del SUP aragonés, está "impidiendo que se cumpla con la tasa de regeneración del cuerpo, más aún cuando el número de jubilaciones está por encima de la media de antes de la crisis".

"Es un perjuicio para el ciudadano -subraya el representante sindical-. No solo se pagarán servicios de seguridad privada con dinero público, sino que además derechos como el de la libertad de circulación pueden ser tratados por trabajadores que no tienen la cualificación adecuada. Además, se abre la puerta a que empresas privadas accedan a información hasta ahora reservada como son los antecedentes. Es algo muy delicado".

Uno de los puntos más polémicos, la posibilidad de que los vigilantes privados puedan llevar a cabo detenciones en la vía pública, es en palabras de De Miguel "un peligro si el que la ejecuta no está bien formado, ya que puede ser una detención errónea". Las importantes diferencias en materia de formación de los agentes públicos y de los trabajadores de empresas privadas es otro de los aspectos que destaca: "Tras pasar las pruebas, los futuros policías pasan un año completo en la academia de Ávila y otro realizando prácticas". Los cursos para habilitarse como vigilante de seguridad tienen una duración de 180 horas.

"El Gobierno quiere policías a tiempo parcial"

También los miembros del Instituto Armado se muestran contrarios a la norma. "El Gobierno, ante la falta de efectivos, está facilitando un intrusismo en la seguridad nacional. Quiere convertir a los vigilantes en agentes de seguridad en lugar de convocar más plazas, que sería lo lógico", indica Juan José García, secretario general provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Zaragoza.

"Es la primera ley que ha logrado unir en bloque a todas las escalas del cuerpo", ironiza García, quien considera que lo que el Gobierno quiere es "crear policías a tiempo parcial y parchear el sistema actual". "Lo que el Gobierno quiere -añade- es la cuadratura del círculo: militarizar más la Guardia Civil y convertir en policías a los vigilantes".

García hace asimismo hincapié en la formación de estos trabajadores: "Todos sabemos que ni la formación y ni las funciones que se proponen son acordes a lo que el Gobierno pretende". Además, subraya, "puede ser que en algunos ámbitos se privatice, aunque sea de forma temporal, algo tan importante como la seguridad. Que la fuerza del Estado, en la que tienen que confiar los ciudadanos, vaya a manos privadas, es una barbaridad", concluye.

"Cualquier ciudadano puede detener"

Por su parte, las empresas de seguridad privada ven con buenos ojos el nuevo texto legislativo. Así se asegura desde Aproser, la patronal que agrupa al 70% del sector: "La ley no hace sino reproducir la facultad que los vigilantes de seguridad ya disponían en en la normativa actual en relación con las distintas funciones que estaban autorizados a realizar en la vía pública. Cualquier ciudadano, bajo el amparo de la normativa vigente, dispone de la facultad de detención".

"Igualmente -añaden desde Aproser-, la ley no prevé en modo alguno que un vigilante de seguridad se vaya a dedicar a solicitar la documentación a los ciudadanos que transitan pacíficamente por las calles". Además, la patronal afirma que "la futura ley no especifica que los trabajadores estén autorizados a practicar detenciones o cacheos de forma arbitraria en la vía pública" y que "los profesionales de la seguridad privada en España tienen ya el mayor nivel de formación de todos los países de la Unión Europea".

Las academias ya hacen negocio

Desde que el Ejecutivo central permitiera que empresas privadas se encargaran de la seguridad del perímetro de los centros penitenciarios, algunos centros de formación se han puesto manos a la obra impartiendo cursos de 'vigilante de prisiones'. Algunas incluso van más allá y aseguran en sus folletos publicitarios que es un curso con salidas profesionales garantizadas.

El precio de los cursos varía mucho de una academia a otra, en función de la modalidad de la docencia (que puede ser online, presencial o semipresencial) y de la duración de las clases. En internet se pueden encontrar cursos online de dos semanas de duración por 216 euros y otros algo más caros (420 euros) de 180 horas lectivas y el material didáctico incluido. Ambos exigen estar en posesión de la habilitación de vigilante de seguridad en vigor.

Fuente: heraldo.es

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