El fin de los contratos a Serygur desató la guerra de los espías en Madrid

Ignacio González se negó a renovarlos tras un robo en presidencia.

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La negativa de la Comunidad de Madrid a renovar a Serygur -la empresa ligada a Bárcenas y Lapuerta- el contrato de vigilancia de la Presidencia en la Puerta del Sol desató en 2009 la guerra del espionaje en Madrid entre altos cargos del Partido Popular. Los agentes de Serygur, sociedad que había establecido una relación comercial con la Comunidad de Madrid desde mucho antes de la llegada del equipo de Esperanza Aguirre, incurrieron en una conducta irregular e impropia en los cometidos de una empresa de seguridad.

La Comunidad pudo demostrar que uno de los vigilantes de la compañía era el responsable del robo de objetos de valor del mismísimo despacho de la Presidencia. Aquello provocó que Esperanza Aguirre se opusiera taxativamente a la renovación de la adjudicación de la seguridad para la empresa ligada a los intereses de prohombres del partido como Álvaro de la Cruz, Ignacio del Río, Luis Bárcenas o Álvaro Lapuerta.

Para los beneficiarios de Serygur todo iba miel sobre hojuelas, con una cartera de negocio que, en 2008, sobrepasaba los 17 millones de euros, hasta que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decidió no renovar el contrato de la seguridad del edificio de la Presidencia. Además, expuso la situación ante los consejeros y colocó a la compañía de seguridad en cuarentena.

La reacción de Bárcenas y Lapuerta no tardó en llegar. No sólo se quejaron ante la dirección de Génova, sino que, además, emprendieron una guerra soterrada contra el 'número dos' de Esperanza Aguirre. El lobby de los extesoreros lanzó una campaña denigratoria contra el vicepresidente. A finales de 2008 filtró a los medios de comunicación que González había viajado a Suráfrica "gratis total", invitado por una agencia de seguridad de la competencia. Luego todo resultó ser falso.

Álvaro Lapuerta, asimismo, denunció a Rajoy que estaba siendo espiado por elementos parapoliciales al servicio de la Comunidad de Madrid. El tesorero del PP, que tenía hilo directo con el presidente del partido, se quejaba ante Rajoy de que estaba siendo sometido a una dura vigilancia como respuesta a sus denuncias sobre unas supuestas adjudicaciones, según él "sospechosas", del Gobierno de Madrid. El caso Serygur, sin duda alguna, planeaba sobre aquella queja.

La amiga de Lapuerta, la exconcejal madrileña Carmen Rodríguez Flores, a quien el tesorero popular logró colocar en un escaño del Congreso tras recomendarla insistentemente ante Rajoy, también denunció públicamente ser objeto de seguimientos. La protegida del tesorero está pendiente de una investigación interna en su partido sobre su patrimonio inmobiliario.

En enero de 2009, un mes antes de la redada de la Gürtel, estalló el conocido como caso del espionaje en Madrid. Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel Cobo denunciaron que habían sido espiados por miembros de la seguridad de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, Ignacio González fue seguido y grabado con cámaras ocultas en un viaje oficial a Colombia como presidente del Canal Isabel II. Ambos casos están siendo investigados en instancias judiciales.

Pero las filtraciones no terminaron ahí. Ese mismo mes de enero se publicó un infirme secreto sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El dosier, elaborado por la agencia catalana Método 3, ocupaba 69 folios y había sido encargado por uno de los enemigos de González en el Partido Popular. El informe estaba plagado de errores e inexactitudes.

La Comunidad abrió la caja de Pandora

Todo se había desatado a raíz de que Aguirre, por sugerencia de Ignacio González, diera orden de no renovar los contratos a Segyrur. Como ya informó El Confidencial, los extesoreros del PP y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio del Río, no figuraban en el registro como socios o administradores de la sociedad, pero sí hicieron infinidad de gestiones para obtener las adjudicaciones de la seguridad y vigilancia de varios edificios de la Comunidad, como han asegurado varias fuentes del organismo autonómico.

Las mismas fuentes mantienen que Bárcenas y Lapuerta llamaban directamente a los consejeros de la Comunidad para que se les adjudicaran los contratos que se licitaban en materia de seguridad. Siguiendo ese procedimiento, Serygur, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obtuvo del Gobierno regional, durante años, una decena de contratos por un importe próximo a los tres millones de euros, principalmente en las consejerías de Interior y Sanidad. Entre ellos, la seguridad de las sedes de la Academia de Policía Local de la Comunidad, del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Agencia Antidroga de la CAM y de varios hospitales.

Para obtener la adjudicación de esos concursos, los extesoreros del PP contactaban personalmente con los consejeros Manuel Lamela (Sanidad) y Alfredo Prada (Interior), quienes más tarde salieron del Gobierno madrileño tras ser elegidos por Mariano Rajoy para formar parte de la dirección del partido en el congreso de Valencia, en junio de 2008.

Tras el escándalo de las adjudicaciones a Serygur, Álvaro de la Cruz, socio y administrador de la compañía de seguridad, reconoció públicamente que el entonces gerente del PP, Luis Bárcenas, intermedió ante la Comunidad de Madrid para obtener los contratos de seguridad y vigilancia de sus edificios. El exjefe de Gabinete de Álvarez Cascos justificó las llamadas de Bárcenas a diferentes consejeros de la Comunidad por "su relación de amistad".

Según De la Cruz, Bárcenas llamó a Alfredo Prada, consejero de Justicia, "por pura amistad" y "por un acto de buena voluntad" para pedirle el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un macroproyecto que nunca fraguó.

Para estudiar otras adjudicaciones, los altos cargos del PP también se pusieron en contacto con María Dolores de Cospedal, que estuvo al frente de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid entre diciembre de 2004 y junio de 2006, pero no lograron obtener ningún contrato. Fuentes de Génova mantienen que el odio que Bárcenas profesa a Cospedal procede de esa etapa política. Después, se vio agravado tras su salida de la sede de los 'populares'.

A partir de 2009, a raíz de todos estos escándalos y la operación Gürtel, Serygur entró en crisis y perdió la mayoría de los contratos con la Administración. En 2010 y 2011, sólo el Ayuntamiento de Madrid mantenía con la empresa de seguridad, ahora bajo el nombre de Alium Seguridad, cuatro adjudicaciones por un importe de 2.638.627,41 euros.

Fuente: elconfidencial.com

 

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