Nueva Ley de Seguridad Privada, una agresión a la intimidad según detectives y expertos en protección de datos

La Asociación de Detectives ya ha presentado alegaciones al anteproyecto que tildan de "exacerbado"

ley

 

Cada vez que un cliente les pida un servicio, como ver con quién sale el niño o qué hace la pareja después del trabajo, los detectives privados estarán obligados a firmar un contrato que tendrán que entregar inmediatamente a Policía Nacional o Guardia Civil. Cada año, deberán presentar además una memoria de actividades con los datos que se determinen en el reglamento. Es decir, que si contratamos un detective privado, las Fuerzas de Seguridad del Estado estarán informadas al minuto, según el texto que hoy aprobará el Consejo de Ministros y que ayer adelantaba el diario El País.

Ya en el mes de abril, cuando el ministro Jorge Fernández Díaz presentó el anteproyecto en la reunión del Gabinete Rajoy, Interior calificaba los cambios, en su página web, como un aumento del control a los detectives y especificaba que la información que estos deberán poner "en todo momento" a disposición de Policía y Guardia Civil debe reflejar "el número de registro asignado al servicio, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la contratación, los medios y los resultados". Los informes, especifica el anteproyecto de ley, deberán conservarse durante al menos cinco años.

La Asociación Profesional de Detectives en España ha registrado un escrito de alegaciones al anteproyecto en el que denuncia que el texto "exacerba los controles sobre la actividad de los detectives privados, sin que exista justificación legal para ello y con un claro deterioro del derecho a la intimidad de clientes e investigados".

Una de las detectives que forman parte de esa Asociación, Francis Cáceres, explica que "nosotros ya estamos controlados porque anualmente se nos pide un informe de actividades en los que no damos nombres de clientes. Sólo especificamos el tipo de encargo. Y por ahí pasamos. Pero que nos obliguen a ofrecer datos de nuestros clientes es una auténtica aberración".

Y ante la pérdida de intimidad, teme Cáceres que se produzca "una pérdida de clientes. Nos parece bien que quieran evitar casos como el de Método 3. Pero es un caso puntual y no deberíamos pagar justos por pecadores".

En abril, el ministro del Interior ya justificó las reformas de la actual ley, que data del año 1992, en la necesidad de evitar que se repitan hechos como la grabación de la conversación entre la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, y la exnovia del hijo de Jordi Pujol en el restaurante La Camarga de Barcelona, que dio origen al caso que desveló el espionaje a al menos quince políticos y diez empresarios.

Sólo en el marco de una investigación

Vanesa Alarcón es abogada especialista en la Ley de Protección de Datos. Su reacción: "Quiero pensar que habrá una rectificación en la ley definitiva para que la Policía solicite esos datos sólo en el marco de investigaciones".

Recuerda la letrada que "los datos personales sólo se pueden tratar con el consentimiento del interesado o por los motivos legales que amparan el acceso a los mismos que pasan por el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas, para la protección de un interés vital del afectado o cuando los datos figuren en fuentes públicas".

"Ideología, afiliación sindical, religión, origen racial, salud, creencias, vida sexual, siempre requieren del consentimiento del interesado y, en el marco de una investigación privada –aventura Vanesa-, no es difícil deducir este tipo de información".

La policía –según la Ley de Protección de Datos- solo puede tener acceso a esos datos cuando exista un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones legales. Por eso –insiste Alarcón- "quiero entender que finalmente, cuando la policía acceda a los datos de los clientes de detectives sólo será porque los están investigando".

Hackers legales en la reforma del Código Penal

Según la abogada, la reforma del Código Procesal Penal también contempla el uso de hackers en las investigaciones policiales. El texto elaborado por una comisión de expertos para Justicia recogía la posibilidad de que la policía pueda hacer uso de los llamados virus troyanos, utilizados por los hackers para acceder a nuestros ordenadores, smartphones o tabletas. Eso sí, con autorización judicial, y la sospecha de comisión de un delito cibernético, actos terroristas o relativos al crimen organizado.

El ministro Gallardón recordó, cuando se conoció la propuesta, que sólo era eso, una propuesta "sometida a debate público". Aun así, la letrada de Legaltis advierte de que la iniciativa podría provocar un "desamparo ante la fuerza de los poderes públicos que podrían atentar contra un derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos: el derecho a la protección contra injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia".

Fuente: zoomnews.es

Sobre nosotros

Somos, pioneros en el 2.0 digital en cuanto a noticias de seguridad se refiere. Tenemos una extensa trayectoria en todos los sectores de la seguridad, preferentemente en la seguridad privada, donde poseemos una gran experiencia.

Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información mas relevante y actual de una manera sencilla y rapida a todos aquellos, consumidores o trabajadores de la seguridad en todas sus variantes.

Follow Me on Pinterest
Latest Pins: