Cultura de Seguridad en Infraestructuras Críticas

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Ignacio Carratalá Belloch

Director de Seguridad por el Ministerio del Interior
Licenciado en Criminología
Una opinión para Segurpress.com

 

La realidad en el ámbito de la Seguridad Global ha cambiado de forma radical en los últimos años, los acontecimientos de las ultimas décadas han hecho que occidente se enfrente a nuevos escenarios que plantean una serie de retos multidisciplinares que difícilmente se resolverían con “medidas tradicionales” sino que requieren de una respuesta global por parte del conjunto de la sociedad.

Los nuevos riesgos que afectan a la Seguridad Nacional no deben ser abordados de forma exclusiva por los entes públicos sino que se debe articular una política criminal efectiva basada en la prevención, que implique de forma conjunta a todos los actores que de alguna manera intervienen en la Seguridad Nacional tanto a nivel interior como exterior.

Para sentar las bases de una Cultura de Seguridad que a largo plazo resulte eficiente debemos huir de la tradicional relación del concepto de Seguridad Nacional con la Cultura de Defensa, teniendo en cuenta que en pleno siglo XXI nos enfrentamos a amenazas tan diversas y que afectan a distintos sectores de nuestra sociedad que estaríamos hablando continuamente de Cultura de Seguridad Interior, Cultura de Seguridad Económica y Energética, Cultura de Emergencias y Catástrofes, Cultura de Inteligencia… Por todo ello es esencial que la definición de Seguridad Nacional haga propios todos estos conceptos.

El concepto más claro de Seguridad Nacional en relación a una Cultura de Seguridad efectiva sería el de aquellas políticas y medidas orientadas a defender la integridad de la nación y los derechos y libertades de sus ciudadanos. Obviamente, para articular esas políticas conjuntas que integren a todos los actores implicados (Gobierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios de Inteligencia e Información, Grandes Empresas, Seguridad Privada, Sociedad Civil…) deben conocerse los riesgos a los que se enfrenta España en la actualidad.

Actualmente los riesgos más importantes que España se ve obligada a gestionar son aquellos relacionados con el terrorismo en general y las perturbaciones graves a las infraestructuras en particular.

A priori podemos pensar que ambos riesgos son competencia exclusiva de los entes públicos (Gobierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios de Inteligencia…) Obviamente, en ellos recaerá la mayor parte de la responsabilidad y suya es tanto la tarea de captar la información sensible a nuestros intereses, como la de actuar de forma preventiva sobre los factores generadores de riesgos.


No obstante cuando los Servicios de Inteligencia y posteriormente las FFCCS no son capaces de identificar y anular la amenaza, el último “anillo” de seguridad será el de la propia infraestructura critica o línea de transporte objeto de protección. Por este motivo es tan importante el correcto desarrollo de la Cultura de Seguridad en tanto en cuanto deberá hacerse participe al conjunto de la sociedad civil, a los gestores de este tipo de infraestructuras y al obsoleto sector de la Seguridad Privada en España (necesitado de un urgente reforma si quiere afrontar los retos del SXXI con unas mínimas garantías de éxito)

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El metro de Madrid es una de las principales infraestructuras objetivo en el campo del transporte de pasajeros

 

Es muy importante que la sociedad Española tenga conciencia de la magnitud de los riesgos a los que se enfrenta y de las consecuencias que un ataque puede generar, ya que en la mayoría de ocasiones las consecuencias posteriores al ataque no se plantean en el imaginario colectivo y en cambio son de vital importancia para el correcto funcionamiento de nuestro país.

Imaginemos por un momento las consecuencias de un nuevo atentado en grandes medios o centros de transporte (aeropuertos, aviones de pasajeros, grandes buques…) Paralelamente al daño causado de forma primaria se generan una serie de efectos secundarios negativos, tales como cancelaciones de viajes, reservas, estancias hoteleras… y con el tiempo, dependiendo de la imagen proyectada al exterior un cambio de la tendencia turística, generando de esta forma un daño irreparable al actual motor de nuestra economía, tendencia que de confirmarse se traduciría en cierres de empresas, despidos… Llegados a este punto ya no estamos contemplando la seguridad como una simple actividad, sino como un elemento clave que garantice la sostenibilidad de nuestro modelo económico.


Como ejemplo del impacto económico que puede llegar a suponer una imagen deteriorada de nuestra Seguridad Nacional en el exterior podemos citar las preguntas de Alberto Grimaldi, príncipe de Mónaco, en la presentación de la candidatura olímpica de Madrid 2012 y que dieron la vuelta al mundo:


- "¿Cómo se plantean el asunto de la seguridad en sus recintos olímpicos tras el último ataque terrorista con bombas que han sufrido en su estadio de Madrid?” (Refiriéndose al atentado de ETA contra el estadio de la peineta)

- ¿Se sienten ustedes muy preocupados con este asunto de la seguridad y el terrorismo...?"

Junto con las infraestructuras destinadas al transporte existen otras extremadamente sensibles, hablamos de las famosas infraestructuras críticas, son aquellas que prestan servicios básicos y esenciales, siendo su funcionamiento vital para el conjunto de la nación, por lo que su perturbación causaría graves perjuicios sobre las actividades más básicas de la sociedad. Según el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Criticas (CNPIC) estas infraestructuras trabajan en sectores tan básicos y a la par tan sensibles como la Administración, el Agua, la Alimentación, la Energía, el Espacio, la Industria Química, la Industria Nuclear, Instalaciones de Investigación, Salud, sistema Financiero y Tributario, TICs…

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Presa del pantano de El Atazar

En este tipo de infraestructuras las consecuencias posteriores al ataque cobran una dimensión más importante si cabe que en las mencionadas anteriormente, por ejemplo, un atentado o un sabotaje contra una central nuclear o instalación química tendrían unas consecuencias nefastas para la población civil, independientemente del impacto inicial del ataque, por no hablar de la manipulación dolosa o adulteración de los depósitos o suministros de agua, o de un ataque informático contra nuestro sistema bancario.

Los riesgos mencionados anteriormente tanto en las infraestructuras criticas como en la de transportes no son variables con las que trabajamos en base a estadísticas teóricas o futuribles, sino que representan una serie de problemáticas a las que debemos darle el máximo de credibilidad. Paralelamente al trágico atentado del 11 de Marzo de 2004 en Madrid se trabaja con los siguientes indicadores en los cuales queda patente el riesgo para las citadas infraestructuras:

- 2004; Desarticulación célula de paquistaníes dedicados a grabar videos de importantes edificios de Barcelona
- 2004; Detención de dos marroquíes dedicados a hacer fotos a la Central Nuclear de Guadalajara.
- 2005; Plan terrorista contra el Ferry que enlaza Ceuta y Algeciras
- 2005; Abortados atentados en Madrid contra infraestructuras de transporte, habiéndose interesando por sustancias radioactivas
- 2008; Detención célula compuesta por doce individuos que pretendían realizar un atentado suicida contra el metro de Barcelona

Ante estas nuevas y complejas amenazas, se deben modificar tanto las políticas preventivas como reactivas, aun así la tendencia es positiva y el cambio de actitud evidente, ya en 2004 se publico el primer Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Criticas (PEPIC) y en 2008 se reguló en la Directiva 114/2008 del Consejo de la Unión Europea. En España las primeras medidas encaminadas en esta dirección las encontramos en este orden:

- Mayo 2007; Aprobación Plan Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (Secretaria de Estado de Seguridad)
- Noviembre 2007; Acuerdo sobre Protección Infraestructuras Críticas del Consejo de Ministros
- Noviembre 2007; Creación del CNPIC
- Abril 2011; Ley 8/2011 del 28 de Abril por la que se establecen Medidas para la Protección de Infraestructuras Críticas (Ley PIC)
- Mayo 2011; Real Decreto 704/2011 que desarrolla la Ley PIC

Como acabamos de ver, se van tomando una serie de medidas/políticas públicas encaminadas a afianzar esa Cultura de Seguridad Nacional, que obviamente debemos centrar en las infraestructuras críticas (especialmente en las energéticas y de transporte) no obstante estas medidas deben seguir avanzando ya que actualmente se demuestran insuficientes en base a los riesgos que asumimos como sociedad.

Multitud de estas infraestructuras se encuentran gestionadas por los llamados operadores críticos, y que si bien es cierto que los aspectos en materia de seguridad son supervisados por los diferentes organismos públicos, la gestión física y técnica de la seguridad será responsabilidad de dichas entidades privadas, esto es, con recursos propios y contratando servicios de Seguridad Privada, y es en este aspecto donde a mi juicio radica uno de los mayores problemas en materia de gestión del riesgo.

Llegados a este punto creo que es licito reivindicar que si el estado pretende como es lógico, que gestores privados se hagan cargo de las instalaciones civiles consideradas críticas deberá establecer los mecanismos adecuados para ello, y de no ser así que sea el sector público el responsable de la seguridad de dichas instalaciones. Desde los operadores críticos más importantes en nuestro país (Repsol, Iberdrola, Aena, Gas Natural, Adif…) hasta los de menor envergadura (gestores de líneas de metro, empresas aeroportuarias…) se ven obligados a trabajar con la Ley 23/1992 de 30 de Julio de Seguridad Privada, ley que actualmente tiene 21 años, con todo lo que ello conlleva en un escenario en el que como ya hemos comentado todo cambia rápidamente y se nos presentan nuevos retos que requieren una respuesta, rápida y profesional.

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Algunos de los operadores críticos más importantes de nuestro país y los que mayor factor de riesgo se ven obligados a gestionar

 

Con la normativa actual, la Seguridad Privada se encuentra totalmente obsoleta y carente de preparación especifica, no podemos admitir que el mismo vigilante que presta servicio en un supermercado o una joyería, y con el mismo curso de habilitación pueda prestar dicho servicio en una línea de transporte sensible, en un aeropuerto o incluso en una central nuclear. Con la legislación actual el VS no tiene carácter de agente de la Autoridad (a excepción de Cataluña) por lo que no podrá, por ejemplo, ordenar una apertura de bolsos en el suburbano de una gran ciudad en el ejercicio de sus funciones, para llevar a cabo la comprobación de un elemento sospechoso. Un ejemplo de la inoperancia de esta ley para responder a los retos del SXXI es la modificación urgente de los artículos 81 y 86 del Reglamento de Seguridad Privada, del 9 de diciembre de 1994, y los artículos 6 y 124 del Reglamento de Armas, del 29 de enero de 1993, para que los servicios de Seguridad Privada pudieran defender con garantías a nuestros buques en aguas del Océano Índico.

Quizás deberíamos fijarnos en algunos de los modelos imperantes en otros países, donde se hacen distinciones entre Vigilantes de Seguridad y Agentes de Seguridad, dedicados a la protección de infraestructuras críticas, a los cuales se les exige mayor formación académica, se especializan en el sector crítico donde prestarán servicio y se les atribuye el carácter de Agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones.

En conclusión se trata de fomentar una Cultura de Seguridad en la totalidad del tejido social, como hemos visto los poderes públicos avanzan lentamente pero avanzan, la sociedad va tomando conciencia del nuevo escenario, y los operadores críticos y el sector de la Seguridad Privada deben actualizarse en esta materia, obviamente apoyados por el Gobierno y una legislación apropiada. Al final se trata de que todos cambiemos la percepción de la realidad y en particular los profesionales del sector.

 

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